
Es un deber prioritario de cualquier Gobierno garantizar la estabilidad y la mejora del sistema de pensiones, máxime teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento progresivo de la población española. Así, el riesgo de que hasta un 30% de este fondo pueda destinarse a estas operaciones especulativas no queda reducido por la circunstancia de que las empresas que se elijan sean “responsables con la sociedad y con el medio ambiente”, ya que lo grave en sí es el hecho mismo de que este capital público se invierta en esta suerte de lotería financiera.
Los STES-i consideramos, por tanto, que el Gobierno debe detener este anteproyecto en el que, lamentablemente, se hallan también involucrados los sindicatos “más representativos”, que deberían por lo menos propiciar un debate al respecto entre el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
Exigimos, pues, que este paso no se lleve a término. Porque, en caso de que se apruebe, ¿quién podrá a partir de ahora garantizar que otros fondos públicos destinados a garantizar los derechos más esenciales de la población no vayan también a engrosar la noria de la especulación y el enriquecimiento de unas pocas personas y empresas?
STES-intersindical, 26-4-07