CONTRA EL MAZAZO BOLKESTEIN: ¡DECLAREMOS LOS BIENES COMUNES “SERVICIOS DE INTERES GENERAL”!
La aprobación de la Directiva sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la Unión Europea (UE) (popularmente conocida como “Directiva Bolkestein”) representa un decisivo paso hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos, de los que depende la vida de millones de ciudadan@s, además de amenazar con una ulterior precarización de las condiciones laborales de l@s trabajador@s de este sector, que representa el 70% del empleo en la UE.
A pesar de algunos avances importantes en la defensa del derecho laboral y de los convenios colectivos - fruto de la lucha de sindicatos y movimientos sociales – el texto finalmente aprobado de la Directiva deja a la Corte Europea de Justicia - un organismo jurídico de orientación neo-liberal muy atento a los intereses de las empresas multinacionales – la llave de la futura reglamentación de los Servicios Públicos en la UE, en detrimento de las instituciones democráticamente elegidas y abiertas al debate público. La ambigüedad jurídica en la que los Servicios Públicos en la UE se encuentran es justamente el caballo de Troya que puede permitir su progresiva privatización. Esta ambigüedad ha sido reconocida por el mismo Parlamento Europeo en septiembre del 2006. La preocupación por las consecuencias que puede acarrar la falta de reconocimiento jurídico del papel de redistribución de la riqueza y vertebración territorial de los Servicios Públicos ha sido admitida también por aquellos que han saludado la aprobación de la Directiva Bolkestein como un gran avance. Esta preocupación ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos a pedir un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estos temas.
Sin embargo, justamente esta indefinición jurídica nos ofrece un instrumento para proteger los Servicios Públicos de las amenazas liberalizadoras y privatizadora del “Mazazo Bolkestein” a lo largo del proceso de trasposición de la Directiva a la legislación española. La Directiva no se aplicará a los “Servicios no económicos de Interés General” (SIG). Cada estado tiene la potestad de definir en su jurisdicción cuales de los servicios que se ofrecen en su territorio son SIGs.
Aprovechando esta ultima oportunidad, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid lanza una campaña para que las autoridades públicas en el Estado español, a todos los niveles, declaren los Servicios Públicos como “Servicios no económicos de Interés General”.Así, excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein y de otras normas internacionales, como el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se evitaría que fueran forzados a su privatización . Esta declaración debería incluir por lo menos los servicios siguientes:
· Servicios de investigación y desarrollo
· Servicios relacionados con la distribución de energía
· Servicios postales y de correo
· Servicios de enseñanza
· Servicios relacionados con el medio ambiente (incluida la distribución y saneamiento de agua para uso humano)
· Servicios sociales y de salud (incluida la vivienda protegida)
· Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales
· Servicios de trasporte publico urbano y interurbano
Exhortamos a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión publica, y su acceso universal , a unirse a esta campaña.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID C/Marqués de Leganés 12 – 28015 Madrid
http://www.todosevende.blogspot.com/
serviciospublicos@listas.nodo50.org