Se la dedicamos a la Presidenta de la Comunidad de Madrid
miércoles, 25 de marzo de 2009
MANIFESTACION EN MADRID CONTRA CUMBRE G-20
El dia 28 se celebra en Madrid una manifestación contra la cumbre del G-20, es a las 18:00 en el Paseo del Prado.
lunes, 2 de marzo de 2009
Educación Concertada en el Estado Español
Este enlace nos lleva a interesante video del canal Cuatro de televisión en el que se nos ofrece la realidad de la educación concertada en el estado español, educación que pagamos entre todos pero que es el negocio de unos pocos.
http://elojodeltuerto.com/?p=2219
http://elojodeltuerto.com/?p=2219
sábado, 31 de enero de 2009
sábado, 12 de mayo de 2007
STES-i pide al Gobierno que no especule en Bolsa con el Fondo de Reserva de las pensiones
Ante la noticia de que el Gobierno prepara un proyecto de ley por el que una parte del Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social se podrá invertir en Bolsa, la Confederación de STES-intersindical, considerando que dicho fondo está para asegurar el cobro de las pensiones por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en caso de crisis, y que cualquier vaivén económico donde primero se refleja es en la bolsa, pide al Gobierno que no promulgue una ley por la que un organismo público se dedicaría a “jugar” con este dinero tan importante para el conjunto de la sociedad.
Es un deber prioritario de cualquier Gobierno garantizar la estabilidad y la mejora del sistema de pensiones, máxime teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento progresivo de la población española. Así, el riesgo de que hasta un 30% de este fondo pueda destinarse a estas operaciones especulativas no queda reducido por la circunstancia de que las empresas que se elijan sean “responsables con la sociedad y con el medio ambiente”, ya que lo grave en sí es el hecho mismo de que este capital público se invierta en esta suerte de lotería financiera.
Los STES-i consideramos, por tanto, que el Gobierno debe detener este anteproyecto en el que, lamentablemente, se hallan también involucrados los sindicatos “más representativos”, que deberían por lo menos propiciar un debate al respecto entre el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
Exigimos, pues, que este paso no se lleve a término. Porque, en caso de que se apruebe, ¿quién podrá a partir de ahora garantizar que otros fondos públicos destinados a garantizar los derechos más esenciales de la población no vayan también a engrosar la noria de la especulación y el enriquecimiento de unas pocas personas y empresas?
STES-intersindical, 26-4-07
Es un deber prioritario de cualquier Gobierno garantizar la estabilidad y la mejora del sistema de pensiones, máxime teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento progresivo de la población española. Así, el riesgo de que hasta un 30% de este fondo pueda destinarse a estas operaciones especulativas no queda reducido por la circunstancia de que las empresas que se elijan sean “responsables con la sociedad y con el medio ambiente”, ya que lo grave en sí es el hecho mismo de que este capital público se invierta en esta suerte de lotería financiera.
Los STES-i consideramos, por tanto, que el Gobierno debe detener este anteproyecto en el que, lamentablemente, se hallan también involucrados los sindicatos “más representativos”, que deberían por lo menos propiciar un debate al respecto entre el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
Exigimos, pues, que este paso no se lleve a término. Porque, en caso de que se apruebe, ¿quién podrá a partir de ahora garantizar que otros fondos públicos destinados a garantizar los derechos más esenciales de la población no vayan también a engrosar la noria de la especulación y el enriquecimiento de unas pocas personas y empresas?
STES-intersindical, 26-4-07
sábado, 5 de mayo de 2007
Debate en Rivas Vaciamadrid sobre la Sanidad Pública
Estamos viendo como nos privatizan poco a poco con alevosía y premeditación la sanidad publica y en Rivas Vaciamadrid organizan un acto sobre este tema.
miércoles, 2 de mayo de 2007
EL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS Y LOS SINDICATOS SE JUEGAN EN LA BOLSA LAS PENSIONES
Comunicado de Attac España sobre el anteproyecto de Ley del Gobierno para invertir en renta variable parte de los Fondos de reserva de las Pensiones
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales ( sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar parte del dinero del Fondo de Reserva de las pensiones a gestores privados para diversificar sus inversiones, con el fin de mejorar su "rentabilidad ".
Attac España quiere expresar su desacuerdo con el anteproyecto de Ley, y alertar a la opinión pública sobre las consecuencias previsibles del mismo . Por ello manifestamos:
Que la determinación de invertir en operaciones de renta variable (es decir, especulativas) hasta el 30% del patrimonio total del Fondo de reserva de Pensiones, es una decisión muy grave que conlleva un riesgo económico cierto para los interesas ciudadanos y que consideramos completamente inasumible.
Por otro lado, Attac se manifiesta abiertamente en contra de que la administración de esta cartera de inversiones públicas se quiera hacer externa y se ponga en manos de gestoras privadas , es decir de bancos y de compañías aseguradoras . Ello significaría un paso más hacia una privatización de hecho de fondos públicos de los españoles y al reforzamiento de la gran banca , otorgándole una capacidad de maniobra, tanto económica como política, de difícil control, a pesar de las medidas cautelares que se quieren proponer . Hemos visto recientemente que estas medidas siempre son difíciles de aplicar cuando se trata de defender los intereses ciudadanos.
Esta nueva cesión al sector privado de parcelas de la administración pública, significaría igualmente que esos fondos públicos van a servir para lucrar a los gestores de las futuras comisiones derivadas del manejo de los dineros del Fondo y que van a suponer centenares de millones de Euros anuales para sociedades, asesores y comisionistas beneficiarios de esta concesión.
En definitiva , son una vez más los criterios de la rentabilidad bursátil y del mercado los que , a juicio del Gobierno y de nuestros agentes sociales , se quiere primar a la hora de gestionar el futuro de la "hucha" de las pensiones. Una hucha de más de 40.000 millones de euros - el 4,1% del PIB español - que hemos ido llenando todos los españoles y cuya gestión, distribución de excedentes y control de los mismos se escapa cada vez más a la voluntad y decisiones de los ciudadanos . Mientras tanto en nuestro país persisten unos niveles medios de pensión indignos e indefendibles y unos desequilibrios y déficits inaceptables en materia social y de distribución de los recursos económicos.
Si el Gobierno persiste en aprobar unilateralmente este proyecto Attac promoverá una movilización ciudadana. Un cambio de esta envergadura en la utilización financiera de los fondos del sistema de pensiones requeriría en todo caso un amplio debate en la sociedad, preguntándoles a los ciudadanos españoles qué destino quieren dar a esas importantes sumas de dinero
Nuestra propuesta alternativa para garantizar el futuro de las pensiones es que el gobierno corrija las políticas fiscales que viene realizando y que implemente medidas necesarias para incrementar el erario público. En este sentido debería dejar de rebajar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas y compañías transnacionales, las cuales multiplican sus beneficios año tras año. También debería aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital financiero, así como los recursos de la administración tributaria para combatir la evasión y el fraude fiscal, medidas que asegurarían un incremento muy significativo del erario público.
Que las pensiones estén garantizadas y no peligren, sólo depende de la voluntad política de los gobiernos para implementar sistemas fiscales más justos. En ese sentido si llegara a darse una situación de déficit en los fondos de pensiones públicos, este habría de ser cubierto con partidas de los presupuestos generales del Estado. Unas pensiones dignas son un derecho de los trabajadores, más allá del sistema de satisfacción intergeneracional, y que debe de ser garantizado.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales ( sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar parte del dinero del Fondo de Reserva de las pensiones a gestores privados para diversificar sus inversiones, con el fin de mejorar su "rentabilidad ".
Attac España quiere expresar su desacuerdo con el anteproyecto de Ley, y alertar a la opinión pública sobre las consecuencias previsibles del mismo . Por ello manifestamos:
Que la determinación de invertir en operaciones de renta variable (es decir, especulativas) hasta el 30% del patrimonio total del Fondo de reserva de Pensiones, es una decisión muy grave que conlleva un riesgo económico cierto para los interesas ciudadanos y que consideramos completamente inasumible.
Por otro lado, Attac se manifiesta abiertamente en contra de que la administración de esta cartera de inversiones públicas se quiera hacer externa y se ponga en manos de gestoras privadas , es decir de bancos y de compañías aseguradoras . Ello significaría un paso más hacia una privatización de hecho de fondos públicos de los españoles y al reforzamiento de la gran banca , otorgándole una capacidad de maniobra, tanto económica como política, de difícil control, a pesar de las medidas cautelares que se quieren proponer . Hemos visto recientemente que estas medidas siempre son difíciles de aplicar cuando se trata de defender los intereses ciudadanos.
Esta nueva cesión al sector privado de parcelas de la administración pública, significaría igualmente que esos fondos públicos van a servir para lucrar a los gestores de las futuras comisiones derivadas del manejo de los dineros del Fondo y que van a suponer centenares de millones de Euros anuales para sociedades, asesores y comisionistas beneficiarios de esta concesión.
En definitiva , son una vez más los criterios de la rentabilidad bursátil y del mercado los que , a juicio del Gobierno y de nuestros agentes sociales , se quiere primar a la hora de gestionar el futuro de la "hucha" de las pensiones. Una hucha de más de 40.000 millones de euros - el 4,1% del PIB español - que hemos ido llenando todos los españoles y cuya gestión, distribución de excedentes y control de los mismos se escapa cada vez más a la voluntad y decisiones de los ciudadanos . Mientras tanto en nuestro país persisten unos niveles medios de pensión indignos e indefendibles y unos desequilibrios y déficits inaceptables en materia social y de distribución de los recursos económicos.
Si el Gobierno persiste en aprobar unilateralmente este proyecto Attac promoverá una movilización ciudadana. Un cambio de esta envergadura en la utilización financiera de los fondos del sistema de pensiones requeriría en todo caso un amplio debate en la sociedad, preguntándoles a los ciudadanos españoles qué destino quieren dar a esas importantes sumas de dinero
Nuestra propuesta alternativa para garantizar el futuro de las pensiones es que el gobierno corrija las políticas fiscales que viene realizando y que implemente medidas necesarias para incrementar el erario público. En este sentido debería dejar de rebajar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas y compañías transnacionales, las cuales multiplican sus beneficios año tras año. También debería aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital financiero, así como los recursos de la administración tributaria para combatir la evasión y el fraude fiscal, medidas que asegurarían un incremento muy significativo del erario público.
Que las pensiones estén garantizadas y no peligren, sólo depende de la voluntad política de los gobiernos para implementar sistemas fiscales más justos. En ese sentido si llegara a darse una situación de déficit en los fondos de pensiones públicos, este habría de ser cubierto con partidas de los presupuestos generales del Estado. Unas pensiones dignas son un derecho de los trabajadores, más allá del sistema de satisfacción intergeneracional, y que debe de ser garantizado.
La Oveja Negra.
La Oveja Negra es la publicación de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Madrid.
DIA 11 APOYO SANIDAD PUBLICA Y APOYO SEVERO OCHOA
El dia 11 de mayo se celebra un acto en defensa de la sanidad pública en Leganes.
miércoles, 21 de marzo de 2007
Convocatoria de Ingenieria sin Fronteras sobre el derecho al agua
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Aula D
Calle José Gutierrez Abascal 2, metro Nuevos Ministerios.
Confirmar en Tlef: 91 590 01 90 y estudios@isf.es
Comunicado Plataforma Defensa Servicios Publicos de la Comunidad de Madrid
CONTRA EL MAZAZO BOLKESTEIN: ¡DECLAREMOS LOS BIENES COMUNES “SERVICIOS DE INTERES GENERAL”!
La aprobación de la Directiva sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la Unión Europea (UE) (popularmente conocida como “Directiva Bolkestein”) representa un decisivo paso hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos, de los que depende la vida de millones de ciudadan@s, además de amenazar con una ulterior precarización de las condiciones laborales de l@s trabajador@s de este sector, que representa el 70% del empleo en la UE.
A pesar de algunos avances importantes en la defensa del derecho laboral y de los convenios colectivos - fruto de la lucha de sindicatos y movimientos sociales – el texto finalmente aprobado de la Directiva deja a la Corte Europea de Justicia - un organismo jurídico de orientación neo-liberal muy atento a los intereses de las empresas multinacionales – la llave de la futura reglamentación de los Servicios Públicos en la UE, en detrimento de las instituciones democráticamente elegidas y abiertas al debate público. La ambigüedad jurídica en la que los Servicios Públicos en la UE se encuentran es justamente el caballo de Troya que puede permitir su progresiva privatización. Esta ambigüedad ha sido reconocida por el mismo Parlamento Europeo en septiembre del 2006. La preocupación por las consecuencias que puede acarrar la falta de reconocimiento jurídico del papel de redistribución de la riqueza y vertebración territorial de los Servicios Públicos ha sido admitida también por aquellos que han saludado la aprobación de la Directiva Bolkestein como un gran avance. Esta preocupación ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos a pedir un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estos temas.
Sin embargo, justamente esta indefinición jurídica nos ofrece un instrumento para proteger los Servicios Públicos de las amenazas liberalizadoras y privatizadora del “Mazazo Bolkestein” a lo largo del proceso de trasposición de la Directiva a la legislación española. La Directiva no se aplicará a los “Servicios no económicos de Interés General” (SIG). Cada estado tiene la potestad de definir en su jurisdicción cuales de los servicios que se ofrecen en su territorio son SIGs.
Aprovechando esta ultima oportunidad, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid lanza una campaña para que las autoridades públicas en el Estado español, a todos los niveles, declaren los Servicios Públicos como “Servicios no económicos de Interés General”.Así, excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein y de otras normas internacionales, como el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se evitaría que fueran forzados a su privatización . Esta declaración debería incluir por lo menos los servicios siguientes:
· Servicios de investigación y desarrollo
· Servicios relacionados con la distribución de energía
· Servicios postales y de correo
· Servicios de enseñanza
· Servicios relacionados con el medio ambiente (incluida la distribución y saneamiento de agua para uso humano)
· Servicios sociales y de salud (incluida la vivienda protegida)
· Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales
· Servicios de trasporte publico urbano y interurbano
Exhortamos a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión publica, y su acceso universal , a unirse a esta campaña.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID C/Marqués de Leganés 12 – 28015 Madrid
http://www.todosevende.blogspot.com/
serviciospublicos@listas.nodo50.org
La aprobación de la Directiva sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la Unión Europea (UE) (popularmente conocida como “Directiva Bolkestein”) representa un decisivo paso hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos, de los que depende la vida de millones de ciudadan@s, además de amenazar con una ulterior precarización de las condiciones laborales de l@s trabajador@s de este sector, que representa el 70% del empleo en la UE.
A pesar de algunos avances importantes en la defensa del derecho laboral y de los convenios colectivos - fruto de la lucha de sindicatos y movimientos sociales – el texto finalmente aprobado de la Directiva deja a la Corte Europea de Justicia - un organismo jurídico de orientación neo-liberal muy atento a los intereses de las empresas multinacionales – la llave de la futura reglamentación de los Servicios Públicos en la UE, en detrimento de las instituciones democráticamente elegidas y abiertas al debate público. La ambigüedad jurídica en la que los Servicios Públicos en la UE se encuentran es justamente el caballo de Troya que puede permitir su progresiva privatización. Esta ambigüedad ha sido reconocida por el mismo Parlamento Europeo en septiembre del 2006. La preocupación por las consecuencias que puede acarrar la falta de reconocimiento jurídico del papel de redistribución de la riqueza y vertebración territorial de los Servicios Públicos ha sido admitida también por aquellos que han saludado la aprobación de la Directiva Bolkestein como un gran avance. Esta preocupación ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos a pedir un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estos temas.
Sin embargo, justamente esta indefinición jurídica nos ofrece un instrumento para proteger los Servicios Públicos de las amenazas liberalizadoras y privatizadora del “Mazazo Bolkestein” a lo largo del proceso de trasposición de la Directiva a la legislación española. La Directiva no se aplicará a los “Servicios no económicos de Interés General” (SIG). Cada estado tiene la potestad de definir en su jurisdicción cuales de los servicios que se ofrecen en su territorio son SIGs.
Aprovechando esta ultima oportunidad, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid lanza una campaña para que las autoridades públicas en el Estado español, a todos los niveles, declaren los Servicios Públicos como “Servicios no económicos de Interés General”.Así, excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein y de otras normas internacionales, como el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se evitaría que fueran forzados a su privatización . Esta declaración debería incluir por lo menos los servicios siguientes:
· Servicios de investigación y desarrollo
· Servicios relacionados con la distribución de energía
· Servicios postales y de correo
· Servicios de enseñanza
· Servicios relacionados con el medio ambiente (incluida la distribución y saneamiento de agua para uso humano)
· Servicios sociales y de salud (incluida la vivienda protegida)
· Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales
· Servicios de trasporte publico urbano y interurbano
Exhortamos a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión publica, y su acceso universal , a unirse a esta campaña.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID C/Marqués de Leganés 12 – 28015 Madrid
http://www.todosevende.blogspot.com/
serviciospublicos@listas.nodo50.org
lunes, 19 de marzo de 2007
Manfestacion en defensa de los Servicios Públicos
Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Madrid queremos convocar a la manifestación que CCOO y UGT realizaran el día 22 de Marzo a las 7 de la tarde.
No queremos que nos privaticen aquello que se hace con nuestros impuestos y que debe ser beneficio para todos.
jueves, 15 de marzo de 2007
lunes, 12 de marzo de 2007
MESA-COLOQUIO
EL CANON POR PRÉSTAMO EN LAS BIBLIOTECAS
Convoca: Biblioteca Alternativa
Intervienen:
- Carlos Ruiz. Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos
- Blanca Calvo. Plataforma Contra el Préstamo de Pago.
- Javier de la Cueva. Abogado. Experto en propiedad intelectual
- Mª Jesús del Olmo. Biblioteca Alternativa
- José Antonio Magán. Director de la Biblioteca de la Universidad Complutense
Presenta y modera: Carlo Frabetti
Después de las intervenciones de los integrantes de la mesa, habrá un coloquio.
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. C/ Noviciado,3 (Metro Noviciado)
Fecha y hora: Martes, 13 de marzo a las 19,00 h.
Convoca: Biblioteca Alternativa
Intervienen:
- Carlos Ruiz. Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos
- Blanca Calvo. Plataforma Contra el Préstamo de Pago.
- Javier de la Cueva. Abogado. Experto en propiedad intelectual
- Mª Jesús del Olmo. Biblioteca Alternativa
- José Antonio Magán. Director de la Biblioteca de la Universidad Complutense
Presenta y modera: Carlo Frabetti
Después de las intervenciones de los integrantes de la mesa, habrá un coloquio.
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. C/ Noviciado,3 (Metro Noviciado)
Fecha y hora: Martes, 13 de marzo a las 19,00 h.
jueves, 15 de febrero de 2007
CONTRA EL MAZAZO BOLKESTEIN: ¡DECLAREMOS LOS BIENES COMUNES “SERVICIOS DE INTERES GENERAL”!
La aprobación de la Directiva sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Interior de la Unión Europea (UE) (popularmente conocida como “Directiva Bolkestein”) representa un decisivo paso hacia la liberalización y privatización de muchos Servicios Públicos, de los que depende la vida de millones de ciudadan@s, además de amenazar con una ulterior precarización de las condiciones laborales de l@s trabajador@s de este sector, que representa el 70% del empleo en la UE.
A pesar de algunos avances importantes en la defensa del derecho laboral y de los convenios colectivos - fruto de la lucha de sindicatos y movimiento sociales – el texto finalmente aprobado de la Directiva deja a la Corte Europea de Justicia - un organismo jurídico de orientación neo-liberal muy atento a los intereses de las empresas multinacionales – la llave de la futura reglamentación de los Servicios Públicos en la UE, en detrimento de las instituciones democráticamente elegidas y abiertas al público debate. La ambigüedad jurídica en la que los Servicios Públicos en la UE se encuentran es justamente el caballo de Troya que puede permitir su progresiva privatización. Esta ambigüedad ha sido reconocida por el mismo Parlamento Europeo en septiembre del 2006. La preocupación por las consecuencias que puede acarrar la falta de reconocimiento jurídico del papel de redistribución de la riqueza y vertebración territorial de los Servicios Públicos ha sido admitida también por aquellos que han saludado la aprobación de la Directiva Bolkestein como un gran avance. Esta preocupación ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos a pedir un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estos temas.
Sin embargo, justamente esta indefinición jurídica nos ofrece un instrumento para proteger los Servicios Públicos de las amenazas liberalizadoras y privatizadora del “Mazazo Bolkestein” a lo largo del proceso de trasposición de la Directiva a la legislación española. La Directiva no se aplicará a los “Servicios no económicos de Interés General” (SIG). Cada estado tiene la potestad de definir en su jurisdicción cuales de los servicios que se ofrecen en su territorio son SIGs.
Aprovechando de esta ultima oportunidad, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid lanza una campaña para que las autoridades públicas en el Estado español a todos los niveles declaren todos los Servicios Públicos como “Servicios no económicos de Interés General”.Así, excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein y de otras normas internacionales como el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la Organización Mundial del Comercio se evitaría que fueran forzados a su privatización . Esta declaración debería incluir por lo menos los servicios siguientes:
· Servicios de investigación y desarrollo
· Servicios relacionados con la distribución de energía
· Servicios postales y de correo
· Servicios de enseñanza
· Servicios relacionados con el medio ambiente (incluida la distribución y saneamiento de agua para uso humano)
· Servicios sociales y de salud (incluida la vivienda protegida)
· Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales
Exhortamos a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión publica, y su acceso universal , a unirse a esta campaña.
A pesar de algunos avances importantes en la defensa del derecho laboral y de los convenios colectivos - fruto de la lucha de sindicatos y movimiento sociales – el texto finalmente aprobado de la Directiva deja a la Corte Europea de Justicia - un organismo jurídico de orientación neo-liberal muy atento a los intereses de las empresas multinacionales – la llave de la futura reglamentación de los Servicios Públicos en la UE, en detrimento de las instituciones democráticamente elegidas y abiertas al público debate. La ambigüedad jurídica en la que los Servicios Públicos en la UE se encuentran es justamente el caballo de Troya que puede permitir su progresiva privatización. Esta ambigüedad ha sido reconocida por el mismo Parlamento Europeo en septiembre del 2006. La preocupación por las consecuencias que puede acarrar la falta de reconocimiento jurídico del papel de redistribución de la riqueza y vertebración territorial de los Servicios Públicos ha sido admitida también por aquellos que han saludado la aprobación de la Directiva Bolkestein como un gran avance. Esta preocupación ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos a pedir un debate urgente en el Parlamento Europeo sobre estos temas.
Sin embargo, justamente esta indefinición jurídica nos ofrece un instrumento para proteger los Servicios Públicos de las amenazas liberalizadoras y privatizadora del “Mazazo Bolkestein” a lo largo del proceso de trasposición de la Directiva a la legislación española. La Directiva no se aplicará a los “Servicios no económicos de Interés General” (SIG). Cada estado tiene la potestad de definir en su jurisdicción cuales de los servicios que se ofrecen en su territorio son SIGs.
Aprovechando de esta ultima oportunidad, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid lanza una campaña para que las autoridades públicas en el Estado español a todos los niveles declaren todos los Servicios Públicos como “Servicios no económicos de Interés General”.Así, excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Directiva Bolkestein y de otras normas internacionales como el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la Organización Mundial del Comercio se evitaría que fueran forzados a su privatización . Esta declaración debería incluir por lo menos los servicios siguientes:
· Servicios de investigación y desarrollo
· Servicios relacionados con la distribución de energía
· Servicios postales y de correo
· Servicios de enseñanza
· Servicios relacionados con el medio ambiente (incluida la distribución y saneamiento de agua para uso humano)
· Servicios sociales y de salud (incluida la vivienda protegida)
· Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales
Exhortamos a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los Servicios Públicos, su gestión publica, y su acceso universal , a unirse a esta campaña.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – C/Marqués de Leganés 12 – 28015 Madrid
serviciospublicos@listas.nodo50.org
serviciospublicos@listas.nodo50.org
miércoles, 14 de febrero de 2007
Mesa redonda
PRIVATIZACIÓN de los SERVICIOS PÚBLICOS
Con la proyección del cortometraje
MIDAS S.A.
La fábula de la Privatización
Y la participación de:
Adriana Sariés, Sanidad pública
Antonio Zugasti, ECOE
Matteo Guainazzi, ATTAC
Victor López, Plataforma por la defensa de los Servicios Públicos
En la Librería
Traficantes de Sueños
Embajadores, 35, local 6
Martes, 20 de Febrero, a las 7,30
Con la proyección del cortometraje
MIDAS S.A.
La fábula de la Privatización
Y la participación de:
Adriana Sariés, Sanidad pública
Antonio Zugasti, ECOE
Matteo Guainazzi, ATTAC
Victor López, Plataforma por la defensa de los Servicios Públicos
En la Librería
Traficantes de Sueños
Embajadores, 35, local 6
Martes, 20 de Febrero, a las 7,30
miércoles, 17 de enero de 2007
¿Sanidad Privada? ¡NO, Gracias!
Con piel de ovejita pepera
La privatización de los sistemas públicos sanitarios a la que abre la puerta la Ley de Acompañamiento del Gobierno de Madrid comporta un peligro para los defensores de la sanidad como servicio público, y es que se hace de forma “invisible” a los ojos de los ciudadanos. Esto es así porque en un principio la población no tendrá que pagar por el servicio que recibe, por lo tanto, no se percibirá la agresión hasta que el deterioro del servicio sea muy grande.
Carmen San José, médica de familia.
¿Sanidad Privada?
¡NO, Gracias!
En unos grandes edificios de oficinas de San Francisco, en California, los trabajadores de la limpieza, casi todos emigrantes sometidos a unos penosas condiciones laborales, deciden declararse en huelga. Algunos no secundan la huelga, pero la sorpresa se la llevan todos al ver que Rosa, una de las trabajadoras más reivindicativas y líderes de sus compañeros, es una de los esquiroles.
¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Se ha vendido a la empresa! Pues sí, se vendió. Sin embargo, cualquiera en su situación hubiera tenido que estrujarse el corazón para no venderse. Rosa está casada con un trabajador norteamericano. Este hombre padece una grave enfermedad de corazón y necesita una complicada operación. Pero no tiene el dinero necesario para hacérsela y nunca pudo pagar un seguro que se la costeara. Su salvación está ahí, tras los muros de un hospital, pero inalcanzable, ¡no tiene dinero! Esa salvación sólo es asequible para los ricos. En esa situación la empresa llama a Rosa y le ofrece costear la operación de su marido, si no secunda la huelga.
¿Nos gustaría vernos en ese trance? Ken Loach relata esa historia en su película Pan y Rosas, que se desarrolla en EE.UU., donde la sanidad está privatizada a lo bestia y este tipo de problemas los padecen millones de norteamericanos demasiado pobres para pagarse un seguro que cubra esas contingencias. Hoy por hoy en España nadie se ve en esa situación, pero las tendencias a la privatización están muy claras, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ha puesto en marcha un plan maquiavélico para que la salud de los madrileños se convierta en un gran negocio para unas cuantas grandes empresas. ¿Será que, como la pobre señora apenas llega a fin de mes, le vendría muy bien alguna propinilla de esas empresas?
La privatización de los sistemas públicos sanitarios a la que abre la puerta la Ley de Acompañamiento del Gobierno de Madrid comporta un peligro para los defensores de la sanidad como servicio público, y es que se hace de forma “invisible” a los ojos de los ciudadanos. Esto es así porque en un principio la población no tendrá que pagar por el servicio que recibe, por lo tanto, no se percibirá la agresión hasta que el deterioro del servicio sea muy grande.
Carmen San José, médica de familia.
¿Sanidad Privada?
¡NO, Gracias!
En unos grandes edificios de oficinas de San Francisco, en California, los trabajadores de la limpieza, casi todos emigrantes sometidos a unos penosas condiciones laborales, deciden declararse en huelga. Algunos no secundan la huelga, pero la sorpresa se la llevan todos al ver que Rosa, una de las trabajadoras más reivindicativas y líderes de sus compañeros, es una de los esquiroles.
¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Se ha vendido a la empresa! Pues sí, se vendió. Sin embargo, cualquiera en su situación hubiera tenido que estrujarse el corazón para no venderse. Rosa está casada con un trabajador norteamericano. Este hombre padece una grave enfermedad de corazón y necesita una complicada operación. Pero no tiene el dinero necesario para hacérsela y nunca pudo pagar un seguro que se la costeara. Su salvación está ahí, tras los muros de un hospital, pero inalcanzable, ¡no tiene dinero! Esa salvación sólo es asequible para los ricos. En esa situación la empresa llama a Rosa y le ofrece costear la operación de su marido, si no secunda la huelga.
¿Nos gustaría vernos en ese trance? Ken Loach relata esa historia en su película Pan y Rosas, que se desarrolla en EE.UU., donde la sanidad está privatizada a lo bestia y este tipo de problemas los padecen millones de norteamericanos demasiado pobres para pagarse un seguro que cubra esas contingencias. Hoy por hoy en España nadie se ve en esa situación, pero las tendencias a la privatización están muy claras, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ha puesto en marcha un plan maquiavélico para que la salud de los madrileños se convierta en un gran negocio para unas cuantas grandes empresas. ¿Será que, como la pobre señora apenas llega a fin de mes, le vendría muy bien alguna propinilla de esas empresas?
jueves, 11 de enero de 2007
Sanidad Publica
Publicamos la carta enviada por el Doctor Marciano Sanchez Bayle, en su denuncia del tratamiento de un servicio publico como es la Sanidad y de como entiende el Partido Popular el uso de esta.
Cartas al Director El País 9 enero 2007
Escándalo
El escándalo de la destrucción de
los cordones umbilicales donados
en varios centros sanitarios
públicos madrileños revela de
una manera paradigmática lo
que es la actuación de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Primero, se deteriora
el sistema sanitario público por
la vía de desabastecerlo del personal
necesario para su adecuado
funcionamiento; luego, se favorece
legislativamente la creación de
centros privados que cubran esas
necesidades (pero, como sucede
en este caso, sólo para uso individual
y para los que pueden sufragárselo,
a pesar de que no exista
ninguna evidencia científica de
su utilidad). Y, por fin, se recurre
la legislación estatal que pretende
asegurar el derecho de todos
los ciudadanos al acceso de este
material justamente en aquellos
casos en que sí se ha demostrado
su eficacia.
En fin, todo un cúmulo de despropósitos
con el único fin de desprestigiar
al sistema sanitario público,
de potenciar al sector privado
y de mantener esa guerra particular
que mantiene la Consejería
de Sanidad de Madrid contra
el Ministerio de Sanidad.— Marciano
Sánchez Bayle. Médico, presidente
de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública.
No queremos comentar nada ya que valen las palabras escritas en esta carta para denunciar un caso tan flagrante de desconsideracion a los ciudadanos/as.
Cartas al Director El País 9 enero 2007
Escándalo
El escándalo de la destrucción de
los cordones umbilicales donados
en varios centros sanitarios
públicos madrileños revela de
una manera paradigmática lo
que es la actuación de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Primero, se deteriora
el sistema sanitario público por
la vía de desabastecerlo del personal
necesario para su adecuado
funcionamiento; luego, se favorece
legislativamente la creación de
centros privados que cubran esas
necesidades (pero, como sucede
en este caso, sólo para uso individual
y para los que pueden sufragárselo,
a pesar de que no exista
ninguna evidencia científica de
su utilidad). Y, por fin, se recurre
la legislación estatal que pretende
asegurar el derecho de todos
los ciudadanos al acceso de este
material justamente en aquellos
casos en que sí se ha demostrado
su eficacia.
En fin, todo un cúmulo de despropósitos
con el único fin de desprestigiar
al sistema sanitario público,
de potenciar al sector privado
y de mantener esa guerra particular
que mantiene la Consejería
de Sanidad de Madrid contra
el Ministerio de Sanidad.— Marciano
Sánchez Bayle. Médico, presidente
de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública.
No queremos comentar nada ya que valen las palabras escritas en esta carta para denunciar un caso tan flagrante de desconsideracion a los ciudadanos/as.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
